Somos lo que escuchamos
Tras los resultados de las elecciones locales y autonómicas del pasado 24M se ha iniciado una nueva era política, cívica y económica en el Estado español. A lo largo de este mes de junio se constituirán las nuevas corporaciones locales, los nuevos gobiernos provinciales y los nuevos parlamentos autonómicos, lo que supondrá una profunda renovación institucional, un cambio sin precedentes, con caras nuevas y otras formas de hacer política. Los pactos postelectorales entre las diversas fuerzas progresistas surgidas de las urnas conformarán un mapa político muy diferente al acostumbrado. La ausencia de mayorías absolutas en la mayor parte de estas instituciones debería de facilitar, entre otras muchas cosas, la posibilidad de alcanzar amplios consensos sobre las cuestiones más importantes y urgentes.
La racionalidad, el rigor y la lógica deben de regresar a la gestión de nuestros limitados y esquilmados recursos y muy especialmente a la gestión de la cultura y a las inversiones destinadas a la industria del entretenimiento. Es verdad que la herencia recibida de los últimos gobiernos, marcada por la corrupción, los comportamientos megalómanos y el despilfarro de ingentes cantidades de dinero público en ostentosas, por no decir lujosas e insostenibles, infraestructuras culturales, así como la persistente sequía económica y financiera, no permitirán muchas alegrías en un futuro inmediato. De ahí la necesidad de exigir a los nuevos gobiernos que apuesten por nuevos modelos de gestión de la res pública.
Por consiguiente, la gestión artística y musical no puede recaer nuevamente en manos de políticos electos, ni de sus familiares más cercanos o de “amiguitos del alma”. Ningún auditorio, museo o centro cultural deben ser dirigidos por ediles, diputados o asesores elegidos a dedo. Es intolerable que cada vez que las instituciones pasan a ser gobernadas por otro partido político, se renueven hasta los bedeles y ordenanzas. Tampoco se entiende, por tanto, que cambien a los técnicos en gestión cultural, a los directores artísticos y/o musicales de auditorios y centros de cultura, orquestas, bandas o cualquier otro tipo de agrupación musical auspiciada con recursos públicos que hayan demostrado su calidad y profesionalidad. La gestión tiene que estar en manos de profesionales y especialistas y después de ser seleccionados en concursos públicos con absoluta transparencia democrática.
En ningún país de nuestro entorno se entiende esta cuestión de otra manera. Los profesionales más preparados son los que deben dirigir el patrimonio artístico y liderar los mejores proyectos culturales. Es inadmisible que concejales y diputados sin la suficiente y necesaria preparación profesional y técnica lleven manejando las riendas de instituciones culturales desde hace décadas.
El actor y actual presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Antonio Resines, acaba de afirmar y no sin razón que “salvo honrosísimas excepciones, ningún Gobierno ha escuchado a la cultura”. Ha llegado el momento de que los nuevos gobiernos locales, provinciales y autonómicos que se constituyan a lo largo de este mes, escuchen con atención, atiendan las demandas y respeten a los diferentes sectores de la cultura de este país. Es verdad que la industria creativo-cultural en España supone un 3,5% del PIB (según el Anuario de Estadísticas Culturales elaborado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 2011), pero la cultura supone también miles de puestos de trabajo y, lo que es más importante, un imprescindible imaginario colectivo que nos hace diferentes, que refuerza nuestro sentido de comunidad y nos asegura un patrimonio único y diverso para las generaciones futuras.
En ese sentido, la proporcionalidad es la norma fundamental por la que toda responsabilidad política y proyecto cultural deben regirse. Proporción entre patrimonio histórico y nueva creación; proporción entre manifestaciones musicales foráneas y autóctonas; proporción entre los diversos eslabones que constituyen la cadena de valor de la industria creativa y cultural como son la creación, producción, comercialización, exhibición y valoración; proporción entre producción ajena y propia en las agendas culturales; proporción entre estilos y géneros musicales. No es tolerable que en las programaciones de auditorios y centros culturales, el porcentaje más alto, cuando no de manera exclusiva, se lo lleve el repertorio clásico-romántico franco-alemán. Algunas de estas cuestiones fueron abordadas en mi anterior artículo publicado en esta misma sección, De la política musical o la música de la política.
Necesaria y urgente es también la proporción entre la inversión pública y la privada. ¿Para cuándo una nueva ley de mecenazgo y patrocinio que incentive de verdad las inversiones en cultura y arte? Si entre las medidas más urgentes que proponen las nuevas fuerzas de izquierda son el rescate ciudadano, la paralización de los desahucios, la lucha contra la privatización de la sanidad y de la educación, desde el mundo de la cultura y del arte exigimos también el rescate de un sector estratégico que ha sido sistemáticamente vapuleado, despreciado, ninguneado y castigado por una política y una gestión ultraconservadoras y que ha puesto contra las cuerdas a las artes escénicas y audiovisuales.
Otra vieja y urgente reivindicación, que recientemente ha salido de nuevo en los medios de comunicación es la triste historia de las enseñanzas artísticas en España. Y así llevamos décadas y décadas. Y venga reformas educativas, salimos a un promedio de dos por cada diez años. Cuando gobierna el PSOE es no y cuando lo hace el PP, es que tampoco, y ahí estamos, con unas enseñanzas artísticas sin rango universitario de facto, aunque expidan titulaciones superiores (equivalentes a…, etc.), programen másters, etc. En la actualidad, ya no hay casi ninguna enseñanza, disciplina o especialidad que no tenga su flamante grado universitario, sus cursos de postgrado y doctorados en sus respectivos ámbitos de especialización. Maestros, enfermeros, marinos civiles, relaciones laborales, fisioterapeutas, podólogos,… Sí. Músicos, actores, bailarines, diseñadores,… No.
And last but not least, la cultura es un bien de interés general, un bien necesario, imprescindible, y no un privilegio de las elites, ni un lujo que deba ser penalizado con un IVA del 21%. Los nuevos gobiernos locales, provinciales y autonómicos que se conformen durante este mes no podrán modificar este impuesto, pero las elecciones generales están a la vuelta de la esquina.
Escuchar música, leer un libro, ver una película, asistir al teatro, visitar un museo o disfrutar de un espectáculo de danza son actividades culturales y creativas cotidianas, habituales como comer y beber. Si nos preocupamos tanto por la dieta alimentaria, porque no mostrar el mismo interés por nuestra dieta cultural. Somos lo que comemos, pero, sobre todo, lo que leemos, vemos y escuchamos.
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