Escuchamos hace unos días en una conocida radio comercial española un anuncio que invitaba a asistir a la proyección de la película Nosferatu, eine Symphonie des Grauens de Friedrich Wilhelm Murnau en el Auditorio Nacional, añadiendo “con música de la Orquesta Nacional de España, dirigida por Nacho de Paz”. Obviamente, la creación de esta banda sonora no es fruto de una colectivización a cargo de los miembros de la citada orquesta y de su director invitado. A estas alturas, casi todos los lectores sabrán ya que estamos hablando de un encargo a José María Sánchez-Verdú, estrenado en 2003; una obra interpretada, además de en diversas salas españolas, también en otros países. Si visitamos el evento de Facebook creado por la misma OCNE, veremos la misma omisión en el cartel, aunque en la información textual sí aparece nombrado el compositor, al igual que en el programa, como no debería ser de otro modo.

¿Por qué esta omisión? ¿Qué sentido tiene obviar al autor de una música cuando, además, el atractivo del concierto es precisamente eso, la presencia de la música en directo? Pero esto no es nuevo en la publicidad de los eventos culturales. De hecho, en la ópera es bastante habitual. ¿Cuántas veces se nombra al director escénico y el compositor queda en la sombra o directamente no aparece? Incluso tratándose de ópera de repertorio ocurre muy a menudo. Quizá en estos casos la razón se encuentre en esa mezcla de divismo y esnobismo con que en nuestro tiempo se presenta la parte de la escena en la producción operística, una invitación para el publicista de turno a aprovechar la parte más “vistosa”.

Para el caso que referimos en primer lugar, el de Nosferatu, probablemente la explicación la encontremos en las técnicas del márquetin más simplón, que opera partiendo de la base de que el público objetivo es poco menos que estúpido, incapaz de retener más de un nombre, o a lo sumo, un título asociado a un nombre. Un anuncio breve, dirigido a “todos los públicos”, nombrando a Sánchez-Verdú, a la OCNE, Nacho de Paz, Nosferatu, Murnau… Demasiada información para el “público medio”, oligofrénico como es él.

Imaginamos que desde los despachos de la OCNE no se ha elaborado el anuncio, entre otras cosas porque este tipo de cosas suelen estar subcontratadas, pero lo que no parece de recibo es que una institución pública encargue una campaña de márquetin a unos publicistas que entienden el “producto cultural” como si de un detergente se tratara.

1 de julio de 2016.

Premisa primera: no soporto a los locos ni a los votantes españoles, quedando claro de antemano que relacionarlos en una misma sentencia no implica en modo alguno considerarlos similares; a los segundos, como colectivo valorado a tenor de los resultados electorales, los catalogaría simple y llanamente como incapaces intelectuales. Cualquier atisbo de educación y cultura ha muerto. El raciocinio ha perdido la partida.

Tal vez sea esta una afirmación atrevida en exceso, y tal vez esta cierta incontinencia verbal provenga de la lamentable experiencia (relación extraña, lo reconozco) de haber vivido un asesinato directamente en segunda persona (la primera persona son siempre la persona muerta y el asesino, y ya en segundo lugar tenemos a los afectados cercanos), esta cierta incontinencia verbal para decirle a la gente sucia que lo es; a los sucios emocionales, a los utilizadores, a los controladores, a los negativos, a los destroza-gentes. Cierto es que hubo una época en mi vida en la que incluso me resultaba divertido rodearme de un tipo X de seres peculiares, con ciertas perturbaciones a primera vista no agresivas disfrazadas generalmente de “personalidades creativas” (esa absurda idea popular de que el creador está medio loco que nadie se cree ya, excepto el creador que necesita sentirse especial dado que su obra no le produce ese efecto), dado que siempre he disfrutado de un buen auto-control y el asunto no me salpicaba demasiado; hasta que uno de ellos va demasiado lejos y ahoga en una bañera a su propio hijo con premeditación y alevosía y tú te encuentras en el periódico a tu una-vez-algo-parecido-a-un-amigo entrando en prisión.

Por supuesto, no voy a dar aquí ningún tipo de detalle morboso acerca de mis vivencias personales, ni voy a valorar lo trágico y posiblemente traumático de lo acacecido allí en relación a las consecuencias últimas extraídas de ella: huelga decir que las pesadillas preguntándose si lo hubieras podido evitar son algo común entre los que vivimos algo así, como común es la certeza de que si bien no hubiéramos podido evitar el desastre sí hubiéramos podido establecer cierto freno a una persona fría y tiránica con su descendencia y, eso desde luego, común también y compartido es el compromiso de alejarse de todo tipo de personalidades mínimamente enfermas no sin antes dejar muy claro los motivos por los cuáles uno se aleja ad aeternum. Ante un maltratador, un asesino, un destrozavidas, señalar es de muy buena educación, como también lo sería señalar a los destrozapaíses, porque si bien es cierto que semejante analogía resulta excesiva sobre papel, no lo es tanto al considerar que una mayoría de habitantes del país ha decicido dar su voto a un partido político cuyos miembros, de manera pública y fehaciente, han emitido sentencias repugnantemente sexistas, exculpatorias del maltrato, justificatorias de agresiones de género, que se encuentran en un sinnúmero de procesos judiciales abiertos, que han insultado y denigrado a la Sanidad pública y a la Enseñanza reduciendo sus recursos y explotando a sus profesionales obligándolos a reducir la calidad (y humanidad) de su atención aumentando sus “cupos” de pacientes y alumnos de manera absurdamente inhumana y una enorme y larga lista de despropósitos por todos conocida. No voy aquí a analizar los procesos subyacentes a este panorama que parece estar destinado a la privatización de los servicios públicos, al aborregamiento general de la población de manera intencionada, ni a la más que obvia vendetta dirigida a los agentes culturales encarnada en una aplicación de una IVA cultural sencillamente absurdo y único en el mundo (ese 21% frente al tipo reducido o suprareducido del resto de Europa) y en la reforma fiscal aplicable a materia de Derechos de Autor, en la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual o en las diferentes medidas populistas tomadas contra SGAE por parte del gobierno de Mariano Rajoy (y que han sido declaradas ilegales por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea). No es la intención de este artículo analizar todo esto, lo cual se encuentra ya más que analizado en mil sitios y parece dar igual: la intención de este artículo es decir, sin más, que si a usted todo esto le parece un precio asumible, ergo usted “se lo tiene que mirar”, pero partiendo de otra premisa básica (segunda): no creo que existiera ninguna opción coherente más allá del voto nulo. Los programas de “izquierdas” tal vez resultaran más asumibles a través de sus incoherencias y errores que los de derechas a través de su ataque directo, pero uno y otro son lo mismo (para quien lo desee, sobre la imposibilidad de los programas de “izquierdas”, algo he comentado en una columna anterior Adiós a Gamoneda en esta misma publicación, aunque si se diera la maravillosa circunstancia de unas terceras elecciones, entonces ya sí me esforzaré al máximo por escribir -a tiempo- sobre cada uno de los despropósitos planteados desde los equipos aspirantes a formar gobierno). Así las cosas, y sin opciones, lo que realmente preocupa es el nivel al que llega el “pensamiento” popular (“popular” de pueblo, no de gaviota, ese animal carroñero), el cual prefiere jugar a la ruleta rusa antes que levantarse de la mesa y decidir que ya no juega más.

Hace poco, alguien en Internet postulaba que “No todos a los que nos gustan los toros disfrutamos viendo matar animales, ¿es que no hay otras maneras de pensar?”. Y yo contesto: ¿por qué extraño motivo toda la basura que sale de cualquier cabeza ha de ser considerada como respetable, valorada o escuchada? Es decir, ¿por qué tengo yo que dejar de reirme ante el inepto que piensa algo como lo arriba escrito? Y yendo algo más lejos, caballeros, ¿por qué tengo que valorar yo en la misma medida el criterio de un pescador al lado del de un arquitecto a la hora de hablar de redes de arrastre en el Índico? Es la hora de que cada individuo medianamente capaz le ponga nombre a las cosas; que lo tienen, y muy claramente, sin que ello suponga defender una suerte de a verbis ad verbera y caigamos en un enfrentamiento físico directo. En modo alguno defiendo la violencia, pero, gravitando sobre sentencias latinas, creo firmemente en la validez de la denuncia coram populo, la abiertamente pública y cercana: no la que se hace cobardemente a través de redes sociales y similares, sino la de afirmar rotundamente al vecino propio que vivimos rodeados de gente absolutamente incapaz de cualquier pensamiento con un mínimo de coherencia, teniendo en cuenta que el vecino ha sido de los que ha votado a un partido político cuyos estragos considera ciertos y excesivos pero que “aún así es la única opción para salvar y levantar el país”. ¿Salvar? ¿Levantar? Vaya con la salvación. ¿Estoy siendo soberbio? Tal vez. Estoy dispuesto a hablar de la cuestión con algún estudioso de la Ética como disciplina, pero no con el primero que me encuentre por la calle. Asumo mi posible culpa.

2 de julio de 2016.

Tercera premisa: asumo el compromiso personal de señalar al asesino (también al incapaz) y su inmediata consecuencia de que el asesino me señale a mí. Y como creo que el mundo, la sociedad, se modifica mediante el ejemplo y no mediante la opinión, me parecería maravilloso que todos empecemos a señalarnos y a enfrentarnos dialécticamente de manera abierta. No está nada mal que un grupo señale a otro, ponerle cruces rojas encima de las espaldas. Es una idea un tanto dictatorial, ciertamente; parece que la impotencia y una excesiva radicalización de mi pensamiento me esté llevando a una inflexibilidad que no atiende a razones: incluso parece mi mente una democracia española. Pero es que para un esteta pasivo como yo he sido, el que una sociedad me lleve de cabeza a la politización abierta me parece un acto de agresión vergonzosa, y ahora me encuentro con que me han disparado primero y parece que no existe solución alguna por la vía de la resistencia intelectual pasiva. Nono, ven a mí: no creo en el poder del Arte, Luigi, para modificar nada, pero sí creo en las manifestaciones personales y la mía como la tuya es artística. Han suspendido mi canto. Toda mente intelectual debería levantar ya mismo sus armas intelectuales.

Mi “adiós” no es porque se haya muerto. O sí, tal vez sí se ha muerto, pero sólo en lo tocante a su vida pública: no lo sabemos todavía. El asunto es que enero se ve envuelto en la enésima polémica en torno a los derechos de autor con la salvedad de que en esta ocasión la opinión pública se ha puesto del lado de los creadores: el pueblo se levanta contra una pseudo-legislación que provoca que intelectuales consagrados como el mismo Gamoneda, Forges, Javier Reverte, y un largo etcétera hayan sido multados por la Seguridad Social al haber cobrado los derechos de autor correspondientes a toda una vida de trabajo al mismo tiempo que cobraban una pensión de jubilación, algo que no ocurre con los jubilados que tienen enormes depósitos bancarios o son propietarios de viviendas que ponen en alquiler; ante este panorama, dichos autores amenazan con dejar de publicar y la sociedad teme que se haga irremediable esta situación. Seamos serios: analizando el panorama, lo verdaderamente terrible es que llevamos años advirtiendo de que la desaparición de estos derechos nos llevará de cabeza a una sequía intelectual que perpetuará un sistema que nos está haciendo cada vez más incultos, menos capaces.

Para comprender bien lo que ocurre, uno debe observar el asunto con la dudosamente privilegiada perspectiva que otorga el tener que darse de palos con la Agencia Tributaria año tras año, enviando copias de facturas de los derechos, justificaciones, cartas en las que hay que explicarle a Hacienda sus propias leyes y por qué todo está correcto (correcto a sus ojos; a los ojos del sentido común es un despropósito): una situación lamentable que forma parte de mi mes de mayo exactamente igual que celebrar mi cumpleaños. Pero es que ahora el Estado directamente no nos permite declarar legalmente nuestro dinero a las arcas públicas; y aquí ya no hay pretextos de recaudación (como con la absurda subida del IVA que hizo que los ingresos a su favor fueran menores). El Estado quitándole dinero al Estado: vivir para ver. Pero antes de observar por qué no puedo declarar legalmente, y esto afecta tanto a creadores jubilados como no jubilados, he de analizar de dónde proceden mis ingresos. ¿En qué “trabaja” un creador? Gran pregunta.

Para empezar, hay que tener en cuenta (y este artículo versa sobre este supuesto exclusivamente) que la gran mayoría de obras artísticas se realiza por voluntad propia, sin que se haya recibido ningún encargo por ello. No existe un contrato del tipo “usted trabaja seis meses en un libro y le pagamos x dinero por ese trabajo” sino que existe otro tipo de contrato que es del tipo “usted ha elaborado una obra artística y nosotros se la vamos a publicar o vamos a usarla para lo que sea y como anticipo de las ventas o por su uso le pagamos x dinero”. ¿Dónde hay relación laboral? En ningún lado, el mismo Ministerio lo dice: no hay transacción económica alguna en concepto de remuneración de servicios. El Ministerio niega que nosotros estemos trabajando: los creadores creamos obras destinadas a ser explotadas comercialmente a posteriori siguiendo unos patrones que no son mensurables como “trabajo” ni establecen relación alguna con aspectos del mundo laboral tales como horarios, derecho a baja, vacaciones, etc. Y nuestro sueldo consiste en el posible (POSIBLE) ingreso en concepto de derechos de autor. Aclarado este punto, llega el momento de explicarle a Hacienda mis ingresos, y… ¿cómo he de hacerlo? La Seguridad Social dice que como no he “trabajado” no tengo que ser autónomo ni asalariado ni estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), por lo que consulto a la Agencia Tributaria y me dice que desde 2012, año de la última reforma fiscal, existen dos posibilidades: la primera, declararlos como Rendimientos de Trabajo cuando su explotación comercial la hayan realizado terceros (editores, productoras, empresas de la naturaleza que sea) o bien, segunda, declararlos como Rendimiento de Bienes Inmuebles si la explotación la he realizado yo mismo.

Caballeros, la primera no puede ser porque insisto en que mi “trabajo” consiste en que yo no trabajo y un “no-trabajo” no puede generar Rendimientos de Trabajo; y la segunda opción tampoco puede ser porque yo no puedo realizar la explotación comercial de mi propia obra, porque entonces sería yo mismo mi propio editor y eso sí es un trabajo como tal y además es un FRAUDE DE LEY: según la legislación actual el autor-editor tendría que suscribir un contrato consigo mismo para poder gestionar sus propios derechos y pagárselos a él mismo, y una persona no puede contratarse a sí misma (desde la última reforma fiscal no podría auto-editarme). Así que toda vía para declarar a Hacienda los derechos de autor es errónea.

Pero en todo caso considero que si no sigo creando obras me va a subir la fiebre (Stravinsky dixit), así que si no puedo cobrar ni por una vía ni por otra, ¿qué hago? Pues rechazar el dinero que genere y REGALARLA: ah, no, tampoco, porque la Ley establece que un autor no puede regalar sus derechos de autor: son irrenunciables, diga lo que diga esa leyenda urbana sobre que los derechos se los quedan los editores y las productoras: no hay contratos editoriales que pidan la cesión íntegra de los derechos de autor porque es ilegal, y si existen son denunciables en el acto tal y como lo son la esclavitud o el trabajo infantil. Hay que asumir que todos y cada uno de los programas políticos que han denigrado la figura del editor, mentían: el editor no puede exigirle al autor quedarse con sus derechos íntegros. Y llegados a este punto, tengo encima de la mesa un cúmulo tal de despropósitos que hacen imposible que yo siga creando: es ilegal que regale mis derechos de autor; es ilegal que los cobre. La única opción que no es ilegal es que publique mis obras bajo una licencia Creative Commons la cual no generará dinero alguno porque no genera derechos. Pero el problema está en que sólo podré regalar obras en formato digital porque para regalar una obra editada en papel necesito a mi editor (el cual, no creo que quiera editarme para regalar mi obra vía Creative Commons con los costes que eso supondría en formato tradicional). Adiós, libro, adiós.

En definitiva, que verme abocado al terreno de renunciar a mis derechos de autor no es tan malo; lo único malo es que necesito comer. La mayoría de los autores estamos completamente de acuerdo en lo necesario de estas licencias Creative Commons y, de hecho, este artículo está felizmente publicado de esta manera, y tal vez todo ello debería hacernos pensar en la naturaleza de los motivos que nos mueven: ¿Para qué escribe uno un artículo como este si no va a percibir ingreso alguno? Para explicar, una vez más y de manera maravillosamente altruista, determinadas situaciones que atañen a una sociedad por completo. Sí, señores, hay gente ALTRUISTA de la misma manera que existe Médicos sin Fronteras, pero el hecho de que este artículo no hubieran podido escribirlo los cientos de miles de teóricos de barra sobre los derechos de autor porque, sencillamente, no han tenido que enfrentarse a las inclemencias de Hacienda año tras año porque no viven de su creación -esto es, no son profesionales-, el mero hecho de que ningún partido político haya propuesto ninguna solución real a este asunto, la realidad demostrable de que año tras año haya que explicarle a la propia Agencia Tributaria cómo debe computar nuestros ingresos, deja muy claro que no podemos seguir construyendo una sociedad de esta manera. Si queremos gente capaz de explicar los cómos y porqués de un oficio, vamos a tener que asumir que ese oficio existe, quiera usted llamarlo “trabajo” o no, y que destruir los trabajos no hace ningún bien a un país. Mientras tanto, por mi parte prometo no ponerme paranoico pensando que en el fondo la existencia de derechos de autor es el único freno que tienen las empresas de telecomunicaciones a la hora de vender el ADSL a un precio desorbitado y que antes que renunciar a sus ganancias prefieren manipular la opinión pública para desprestigiar nuestros ingresos (a fin de cuentas, para algo dominan las telecomunicaciones y tienen representantes en el Congreso a pesar de ser empresas privadas). También prometo no pensar que parece que el Estado le está cumpliendo el capricho a estas empresas porque, aparte de alimentar el lobby en cuestión, consigue una generación pasiva absolutamente inculta y falta de referentes culturales, y que lo va a hacer hasta el punto de que bloquear la fiscalidad aplicable a nuestro dinero como vía para, sencillamente, acabar declarándolo ilegal. En fin, prometo no pensar en que ni una sola opción política hace algo al respecto porque a estos efectos todos los perros, rojos y azules, sirven al mismo pastor aunque sea por motivos diferentes: tanto las opciones de derechas (causantes de esta situación) como las de izquierdas (cuyos programas electorales se limitan a recoger esa idea popular que las empresas de telecomunicaciones han infundado -insisto en el ejemplo puesto arriba sobre los programas que dicen que los editores se quedan los derechos, pero si alguien me lo solicita no dudaré en escribir un repaso punto por punto de lo falaz de TODOS los programas políticos). En todo caso, lo que no puedo prometer, y no prometo, es que a pesar de que faltan todavía bastantes meses para mayo no vaya yo a entregarme de inmediato a la bebida como cuando celebro mi cumpleaños o finalizo mis gestiones sobre la Renta: creo que me haré un favor llegando a ese momento con la consciencia mutilada.

En este, y algún artículo que le siga, pretendo abordar la necesaria revisión de la autoría musical, un concepto desbordado en múltiples facetas, donde reina una total confusión, dándose casos de usurpación manifiesta. Es algo que ocurre frecuentemente con los recuperadores, editores o arreglistas entre los que se dan casos de auténtica autoría –la orquestación de Ravel de los Cuadros de una exposición es el ejemplo por antonomasia- y otros de evidente abuso, en ocasiones propiciado desde las propias sociedades de autores. Aquí se va a tratar sobre qué convierte a alguien en autor en la actualidad, empezando por lo más pedestre, el dinero, algo tan relevante como escandaloso.

Resulta tautológico afirmar que se puede considerar autor a quien cobra como tal, y en ello las sociedades de gestión de derechos son determinantes. Desde que admiten el registro de obras mediante la grabación, en lugar de la partitura, las vías de acreditación de la condición de autor se han tornado tan laxas que desfiguran el propio concepto de autoría. A fin de cuentas la sociedad de autores no es un colegio que vela por la profesionalidad, su función es recaudar y distribuir lo recaudado. Pero en la nómina de compositores de tales sociedades encontramos nombres de personas que jamás han escrito una obra original. Han adaptado, transcrito, reconstruido obras del pasado. Una labor musicológica meritoria y necesaria, muy encomiable y que naturalmente debe remunerarse de alguna manera. Como los derechos de los autores reales han prescrito, ¡zas!, se les endosa una nueva autoría a efectos remunerativos, aunque naturalmente las obras tengan que seguir apareciendo encabezadas por el nombre del autor real. Un caso conocido es el del célebre Romance Anónimo, del que Narciso Yepes no tuvo empacho en reclamar la autoría, y registrar la obra como Juegos prohibidos por más que haya grabaciones y ediciones que preceden a su nacimiento en varios lustros. Milagros aparte, recuerdo la conversación con un erudito gregorianista que hablaba de sus versiones como algo autoral; se le había escapado un buen pellizco con un disco que fue superventas y cuyas versiones no había registrado a tiempo. A mi pregunta sobre si había un gregoriano de autor, contestó que por supuesto que sí, sin pestañear.

Para los que somos del gremio sinfónico -apelativo singular en la SGAE para los compositores de música clásica, por más que muchos jamás usen la orquesta- esto del dinero puede parecer algo lejano… lo que se llega a percibir de autores es tan insignificante, que en el mejor de los casos supone un complemento a otra actividad, la realmente alimenticia. Sin embargo, donde unos sólo ven miseria otros han generado un negocio de cifras millonarias que incluso se llega a servir de la especial protección a lo sinfónico habilitada para paliar el escaso rendimiento que produce habitualmente. Para ello hay que hacer arreglos, o desarreglos. El resultado es que muchos de los compositores con más poder hoy en la SGAE merced a los votos acumulados en función de sus ingresos, no han escrito una nota propia en su vida. Los hay que ni siquiera han escrito una nota, ni propia ni ajena, como veremos, y sin embargo hablan en nombre del colectivo autoral, incluso de los sinfónicos.

Es sabido que los derechos de explotación de las obras de creación se extinguen. La cosa varía según los países; para España es a los 60 años de la muerte del autor; del último superviviente, cuando son varios. Parte importante de los ingresos de la SGAE venía de las zarzuelas, pero irremediablemente el género chico ha pasado a formar parte del dominio público. Mas alguien vio la luz, e imaginó la forma de alargar artificialmente la vida productiva de las vetustas partituras: basta con hacer una edición revisada, que alguien firma convirtiéndose en coautor de la obra. Todos se benefician: ya que los autores reales fallecieron hace mucho, el revisor percibe el 100% de los derechos, y la SGAE sigue haciendo caja con una obra de éxito asegurado por la tradición. Sólo hay que convencer a los teatros de la conveniencia de emplear las versiones remozadas, cosa a la que hubo cierta resistencia. Para darle empaque oficial se creó en 1989 el ICCMU (Instituto Complutense de Ciencias Musicales) cuya labor ha cubierto otras facetas, pero en la que sobresale el casi centenar de zarzuelas que se han recuperado. En su catálogo se comprueba como musicólogos, directores de orquesta o compositores –muchos antiguos consejeros de la SGAE- son los firmantes de estas ediciones. Podría cuestionarse una especialización algo sobrevenida para afrontar la edición crítica de alguno, pero son profesionales de amplia trayectoria. Bien distinto es el caso de revisores de dudosa solvencia musical aunque generosamente retribuidos que se encuentran en el mundo audiovisual, en lo que se conoce como la rueda de las televisiones; un asunto que saltó a los medios hace tiempo, y que  está en el origen de la convulsa historia de la SGAE posterior a la presidencia de Teddy Bautista.

Desde que las emisoras de televisión ampliaron la parrilla a las 24 horas del día, se ha rellenado la franja de poca audiencia con tele-tiendas, adivinos y espacios musicales. Hay que poner mucha música, y hay que pagarla; recuérdese que se remunera mejor si es sinfónica sujeta a derechos, esto es contemporánea. ¡Quién lo iba a decir, resulta que ahí hay negocio! Los responsables de las cadenas encontraron un procedimiento para recuperar parte la factura millonaria de la SGAE. Eso se consigue creando una editorial propia, y emitiendo exclusivamente lo editado por esta. Es normal que cuando un autor publica, ceda parte de sus derechos a la editorial, hasta un 50%, en concepto de gastos de edición y promoción. Esto puede resultar razonable en el caso de editoriales tradicionales, de partituras o fonográficas. Lo que han hecho las cadenas es crear falsas editoriales que no editan nada, cuya única finalidad es que se firmen los contratos para pasarlos por el registro de la SGAE y así recuperar gran parte de lo abonado. Conviene aclarar que el porcentaje lo cobra la falsa editorial en todas las difusiones de la obra, aunque sea en otro medio. ¿Qué autor da su trabajo en semejantes condiciones? Nadie. Claro que si no se compone, sino que se genera sin esfuerzo un producto ad hoc para tipo de explotación, eso ya es otra cosa.

Obviaremos la cuestión de si es lícito y ético el retorno de derechos de las radiotelevisiones; en todo caso es legal. Se ha generado un negocio en torno a unas productoras y unos pocos nombres que copan el mercado surtiendo a las emisoras de grabaciones que pasan por la falsa editorial: es la famosa rueda. Se verá mejor con un ejemplo paradigmático, que dista de ser único: un video de Televisión Española emitido en múltiples ocasiones. En él se ve a una joven interpretando La isla alegre de Debussy. Si se bucea en la base de datos de la SGAE, la obra aparece con dos autorías, la evidente del compositor francés, y ¡oh sorpresa!, la de Gloria Tubío Grajera, ligada a la interpretación del video por la pianista Judith Jáuregui. Como no podía ser de otra manera aparece como editor de esta última versión la Corporación Radio Televisión Española S. A. Repasamos el vídeo con la partitura y nada permite inferir alguna labor de autoría ajena a Debussy. El arreglo resulta fraudulento. ¿Quién es Gloria Tubío, a todo esto? Busquen una partitura suya, una reseña de un concierto, una foto subiendo a un escenario… no existe tal cosa, porque no se trata de ninguna autora. Esta fantasma es la madre de un pianista, y él sí ha generado obras, tantas que ensombrece a Mozart, a Bach o a Telemann en sus momentos más fecundos. Manuel Carrasco Tubío, así se llama, ha registrado 522 obras entre los años 2006 y 2012, una cada cuatro días. Su madre, menos productiva, 275 en el mismo  periodo, ¡sólo una a la semana!

Cabe preguntar por qué la SGAE a aceptado semejante situación, y lo que es peor, no la ha investigado cuando la estafa ha sido denunciada. Lo primero es una omisión comprensible: se recauda. Lo segundo hace sospechar la connivencia con unas prácticas mafiosas y perjudiciales para el colectivo autoral. A la vista de la inacción, el asunto ha llegado a los tribunales, donde se dilucidará. Ya ha caído por ello el presidente que aireó el asunto, Antón Reixa, y el siguiente, que únicamente ha amagado con hacer algo al respecto, no va a completar su mandato. El poder de los votos acumulados por los autores implicados en la rueda controla la SGAE, la tiene secuestrada.

A todo esto, ¿qué ha reportado el vídeo de La isla alegre? Es difícil saberlo con exactitud –la SGAE no hace públicos estos datos- pero podría superar los 40.000 €; o sea que por una obra de la que no ha escrito una nota, la falsa autora se embolsaría lo que muchos compositores sinfónicos no cobran en toda su vida. Se sabe por un documento interno de la SGAE que se filtró que esta señora no había registrado obra alguna antes de 2007 pero se ha embolsado en seis años más de un millón de euros en concepto de derechos. Las cifras de su hijo casi quintuplican la cantidad. Las mismas cuantías, son las que recuperan las televisiones del canon pagado a la SGAE.

No parece necesario insistir en lo que supone el expolio del repertorio histórico. Las obras de dominio público no deberían ser explotadas impunemente. Tampoco es lícito que se lucren unos autores o falsos autores, monopolizando un negocio que debería estar abierto a todos. Pero lo más grave es que esta práctica roba a quien siendo autor legítimo de una obra, de emitirse esta por algún medio de difusión, va a cobrar mucho menos de lo que le correspondería, ya que el grueso del pastel se lo llevan unos pocos, la rueda, dejando únicamente migajas a los demás. Quedarían por matizar otros aspectos, como la captación de los intérpretes que ignoran que van a ser cómplices necesarios de un engaño; ¿cómo lo van a imaginar, si tocan a Bach, Beethoven, Albéniz o Chopin? Desconocen que habrá que arreglar sus obras para poder pasarlas por TV. Esos asuntos muy turbios nos alejan del propósito de las presentes líneas que era tocar a rebato sobre quién se hace pasar por autor. Continuará.